España y la UE destinan a defensa el 3% del PIB, pero la inversión en I+D es casi nula
Miguel Ángel Valero
El análisis 'El gasto público en defensa, orden público y seguridad en España y en la Unión Europea', elaborado por Fernando López Vicente (departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España), Marta Rodríguez Vives (Banco Central Europeo) y Juan Rojas (departamento de Análisis de la Situación Económica del Banco de España), y publicado en el Boletín Económico del Banco de España, pone de manifiesto la heterogeneidad existente en el nivel del gasto público en seguridad, que engloba defensa y orden público, no solo entre los países de la Unión Europea (UE), sino también entre las distintas áreas geográficas consideradas.
Al enmarcar estos datos dentro de las estrategias de la UE sobre seguridad y defensa —así como de los compromisos políticos adquiridos en el seno de la OTAN— para aumentar y mejorar ese gasto con el objetivo de incrementar su autonomía y capacidad estratégica, se pone de manifiesto también la magnitud que supone el reto fiscal de reforzar los presupuestos de defensa y seguridad de los países de la UE.
La actual provisión y financiación a escala nacional de los servicios de defensa y orden público en la UE ejemplifica algunas de las carencias señaladas en las estrategias de la UE en esta materia, mucho más patentes en el caso de la defensa.
El trabajo lanza tres mensajes:
- El actual entorno de tensión geopolítica global está actuando de catalizador para reforzar la política de seguridad de la UE y fomentar su autonomía estratégica. Atender las demandas de un mayor gasto en seguridad supone una presión adicional sobre las finanzas públicas, en un contexto de elevados niveles de déficit y deuda públicos.
- El nivel de gasto público en seguridad en la UE y en España, que alcanzó en ambos casos el 3% del PIB en 2022, es inferior al observado en otras potencias mundiales, con una asignación de recursos mayor hacia el gasto en personal y menor hacia actividades de investigación y desarrollo.
- Una reasignación del gasto en esa dirección puede generar ganancias en términos de eficiencia económica. Además, dada la consideración de la seguridad como un bien público europeo, se pueden obtener beneficios adicionales mediante una provisión y una financiación comunes y coordinadas de éste.
Ya la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea (UE) de 2020 reconoce abiertamente la necesidad de diseñar una respuesta coordinada entre los países miembros. La invasión rusa de Ucrania también ha provocado un cambio de paradigma en la política de la UE en materia de seguridad y defensa, materializado en la aprobación, en 2022, de la Brújula Estratégica (Strategic Compass) , que pretende reducir las brechas en capacidad con otras potencias y fortalecer la cooperación y la autonomía estratégica de la Unión en el horizonte de 2030. Entre sus objetivos concretos incluye la mejora y el incremento del gasto en defensa, reduciendo el déficit detectado en el volumen de inversión y en la calidad de los sistemas de defensa, así como el refuerzo de la capacidad productiva y la base tecnológica de la industria de seguridad europea, que opera en un mercado fragmentado donde las empresas mantienen fuertes vínculos con los Gobiernos nacionales y existe dependencia exterior en materiales y equipos críticos.
Pero la implementación de estas iniciativas y compromisos supone una presión adicional para las finanzas públicas de los países miembros de la UE, en un contexto en el que los niveles de déficit y de deuda públicos son superiores a los registrados antes de la pandemia. Tan solo el cumplimiento de los compromisos con la OTAN supondría, en términos de PIB, para el conjunto de la UE, mantener anualmente un gasto en defensa cerca de 0,7 puntos superior al observado en la década previa, y 0,9 puntos mayor, aproximadamente, en el caso de España. Adicionalmente, la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas implicará que los países más endeudados tengan que implementar procesos de consolidación presupuestaria, que pueden limitar el margen de maniobra para abordar estas nuevas necesidades de gasto.
La suma del gasto en defensa y en orden público y seguridad en la UE supone un 6% del gasto público agregado en la UE, equivalente al 3% del PIB, tanto en la UE como en España.
Aunque ya se ha observado un aumento del gasto en el conjunto de la UE en los últimos años, algunos de sus principales países, como Italia, Alemania o España, se encuentran todavía por debajo del compromiso del 2% adquirido en el seno de la OTAN. Aun en el caso de cumplirse este objetivo en 2024, la UE en su conjunto todavía se quedaría por detrás de otros países de la OTAN, como Estados Unidos o Reino Unido.
Gasto en I+D prácticamente nulo
El análisis del Banco de España subraya que el gasto de defensa en investigación y desarrollo (I+D) es prácticamente nulo en la mayor parte de los países de la UE, con la excepción de Francia, donde asciende al 0,1% del PIB, y está muy alejado del 0,4% del PIB observado en Estados Unidos.
Tanto en defensa como en orden público y seguridad, los mayores recursos en la UE se destinan a la remuneración de asalariados, especialmente en el caso del gasto en orden público y seguridad, seguido del consumo público intermedio y la inversión, especialmente en el caso del gasto en defensa. En España, el comportamiento es similar al del conjunto de la UE. El Reino Unido es el país que, en esta comparativa, destina menos recursos a los gastos en personal, en favor del consumo intermedio y la inversión, tanto en defensa como en orden público y seguridad
Los expertos del Banco de España resaltan que "una mayor cooperación (que limite el sesgo nacional) facilitaría una reasignación más eficiente del gasto total en seguridad en la UE entre sus diferentes componentes, permitiendo destinar más recursos a actividades de inversión y de I+D, lo que podría tener implicaciones positivas sobre las capacidades operativas, así como sobre la eficiencia económica del gasto en términos de sus efectos sobre el crecimiento".