La Ley Europea del Clima, aprobada en 2021, invita a cada Estado miembro a crear un organismo nacional consultivo en materia climática, encargado de proporcionar asesoramiento científico especializado sobre política climática a las autoridades nacionales competentes. En España, la ley 7/2021, de 20 de mayo, establece la creación de un Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, tres años después de la entrada en vigor de la normativa, aún no se ha desarrollado reglamentariamente su composición, organización y funcionamiento.
Este tipo de organismos —que se constituyen como órganos colegiados y consultivos de asesoramiento científico en materia de cambio climático tanto en lo que se refiere a la mitigación como a la adaptación— son esenciales para dirigir la acción política a la protección del sistema climático.
Para impulsar su creación en España, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), en colaboración con la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha organizado la jornada ‘El objetivo climático de la UE para 2040: El papel de la ciencia y la respuesta en el plano político’ en el Congreso de los Diputados. Han intervenido el presidente del Consejo Danés para el Cambio Climático, Peter Møllgaard; el miembro del Alto Consejo para el Clima de Francia y del Consejo Científico Asesor Europeo sobre el Cambio Climático (CCEACC), Jean-Françoise Soussana; el director del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y coordinador de la Plataforma Clima del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José Manuel Gutiérrez, el responsable de la Comisión Presidencial Sudafricana sobre el Clima, Dhesigen Naidoo, o la presidenta de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, Cristina Narbona, entre otros.
La jornada destaca la importancia de ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas.
La directora del IIDMA, Ana Barreira, menciona dos trabajos del Instituto: ‘El Comité de Cambio Climático del Reino Unido: ¿Un modelo para España?’ y ‘Los Comités de Expertos de Cambio Climático autonómicos y su contribución para alcanzar la neutralidad climática’. Y recomienda ue “los comités que se constituyan deben estar dotados de presupuesto propio para garantizar su independencia, además de ser transparentes en su actividad”.
La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, asegurado durante su intervención que "es el momento de `poner encima de la mesa más acción climática responsable y justa".
Neutralidad climática antes de 2050
La Ley Europea del Clima pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050 y, para lograrlo, estableció la obligación de fijar objetivos climáticos intermedios para 2030 y 2040. Los objetivos a 2030 (reducción del 55% de las emisiones de la UE) van por buen camino, según la evaluación de la Comisión Europea de los proyectos de revisión de los Planes Nacionales de Energía y Clima de los Estados miembros a diciembre de 2023.
Respecto al objetivo para 2040, la Comisión ya ha empezado a trabajar en ello, habiendo presentado una propuesta de reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040.
En este sentido, la jefa de Unidad en la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, Vicky Pollard, ha explicado que la Comisión ha contado con el asesoramiento del Consejo Científico Asesor Europeo sobre el Cambio Climático. Este Consejo emitió un informe en junio de 2023 que proporciona a las instituciones de la UE una estimación con base científica de un objetivo climático para 2040.
De cara a la celebración de las elecciones europeas del 9 de junio, la directora del IIDMA ha incidido en que “es necesario mantener el diálogo para que tanto la futura nueva Comisión Europea como el futuro Parlamento Europeo sigan trabajando para establecer este objetivo y allanar el camino para alcanzarlo”. “Habrá que adoptar nuevos instrumentos normativos al tiempo que se acerca este proceso a las instituciones nacionales de los Estados miembros para establecer bases sólidas que faciliten la aceptación del conocimiento científico para orientar la acción política”, ha agregado Barreira.