Los agentes inmobiliarias alertan del alza del 4% en las estafas de alquileres vacacionales

Las estafas relacionadas con los alquileres vacacionales aumentaron un 4% en España, hasta contabilizarse 1.617 durante 2023. Andalucía (671) y Comunidad Valenciana (235) acapararon el 56% de todas las estafas por alquiler vacacional en España.  Si se incluyeran las estafas por alquiler vacacional acaecidas en el extranjero (63), la hegemonía de Andalucía y Comunidad Valenciana bajaría al 54% sobre un total de 1.680.

Ahora que comienza el periodo de vacaciones estivales, es el momento idóneo para recomendar a los consumidores la importancia de seguir una serie de pautas imprescindibles para no caer en los engaños y trampas fraudulentas que esconden una estafa o apropiación indebida, en el alquiler vacacional o en cualquier operación de compraventa o alquiler:

• Cuidado con los mensajes con enlaces sospechosos. Hay que saber detectar los perfiles falsos y evitar enlaces incluidos en correos electrónicos que no inspiren confianza.
• Comunicaciones y pago, siempre a través de sitio web o plataforma segura. Hay que desconfiar si enseguida nos piden un adelanto de dinero.
• Comprobación de la identidad de nuestro interlocutor y sospechar del tono urgente por parte del anfitrión.
• Desconfiar de ofertas demasiado ventajosas para ser verdad y de las ofertas que combinan precios excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy atractivos.
• Es preciso tener en cuenta de forma prioritaria a nuestra entidad financiera o bancaria de confianza.
• Acudir a un profesional de intermediación inmobiliaria reconocible y acreditado. Existen 46 Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España y en varias autonomías registros públicos donde se pueden localizar a profesionales especializados.

El escenario de prácticas fraudulentas en el sector inmobiliario muestra cómo se ha perdido una gran oportunidad en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda para la regulación de la actividad inmobiliaria, dejando fuera a los profesionales que intervienen en las operaciones, lo que está generando una falta de garantías y de inseguridad jurídica que perjudica a los consumidores y usuarios en el mercado inmobiliario.