Abogacía Madrid propone una pasarela al régimen de autónomos

Miguel Ángel Valero

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presenta una propuesta de pasarela de los mutualistas alternativos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, explica que la propuesta combina la creación de una pasarela al RETA con un tratamiento fiscal y económico, y la consolidación del complemento de pensión a los mutualistas pasivos, que supondrá "una transformación que cambiará el futuro de la abogacía".

El problema reside en que la normativa permite a los abogados ahorrar a través de su mutualidad, y que estas aportaciones sean oficialmente una alternativa a la cotización a la Seguridad Social. Durante años, los límites de aportación eran bajísimos y solo a partir de 2013 se exigió que contribuyeran al menos con el 80% del mínimo de aportación al RETA. Esta situación provoca que, al jubilarse, estos abogados cobren, de media, menos de 600€ mensuales en 12 pagas, una cifra muy inferior a la pensión mínima de jubilación para 65 y más años (en 2024 esta prestación es de 823€ al mes en 14 pagas y 1.033€ para quienes tienen un cónyuge a cargo).De los 65.042 mutualistas por cuenta propia que cotizan en Mutualidad como régimen alternativo al RETA, hay 54.827 que tienen en la entidad este único plan de ahorro básico. En Mutualidad hay otros 150.000 abogados que sí que cotizan a la Seguridad Social y que utilizan a la entidad para tener un ahorro complementario, como los planes de pensiones.

El plan del ICAM, que será trasladado al resto de Colegios de Abogados, a Mutualidad y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, ofrece una solución a más del 26% de abogados mutualistas que cotizan a un sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes. 

La propuesta de María Emilia Casas asegura "la sostenibilidad de la Seguridad Social, salvaguarda el equilibrio financiero y la solvencia de Mutualidad, y los derechos de los mutualistas".  Y tiene ocho puntos:

• 1.-Pasarela voluntaria al RETA con una duración de seis meses, para que los mutualistas alternativos puedan tomar una decisión informada sobre su futuro, sin limitaciones cronológicas ni criterios económicos para acceder a ella.
• 2.-Transferencia de cotizaciones: el capital cotizado a Mutualidad será transferido íntegramente a la Tesorería General de la Seguridad Social, con transparencia y seguridad jurídica
• 3.-dos opciones de conversión del capital cotizado:
  • cuantitativa
  • conceptual: los años cotizados a Mutualidad se reconocen como años cotizados al RETA
• 4.-Tres grupos de mutualistas, en función de la edad y los años cotizados. Aquellos mayores de 49 años sin el mínimo de 15 años de cotización tendrán condiciones más flexibles para alcanzar ese plazo
• 5.-Ayudas transitorias para que los mutualistas puedan adaptarse progresivamente, con la posibilidad de mantener la base mínima de cotización y aplicar tarifas reducidas para aquellos en situaciones económicas más desfavorables
• 6.-Mutualistas pasivos: se propone consolidar el programa Ayudas 65+ como un derecho subjetivo pleno para garantizar un complemento estable para los mutualistas ya jubilados con pensiones insuficientes
• 7.-exenciones fiscales temporales para mutualistas que decidan capitalizar sus prestaciones privadas de jubilación, especialmente en casos donde la longevidad pueda generar necesidades económicas adicionales
• 8.-flexibilización de las normas de compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de jubilación, permitiendo a los mutualistas seguir trabajando y cotizando sin perder los beneficios acumulados

Eugenio Ribón argumenta que "todos los compañeros que deseen traspasarse al RETA deben contar con  una conversión que les reconozca los mismos años cotizados a Mutualidad, porque muchos mutualistas alternativos han carecido de la cobertura de salud proporcionada por el sistema público durante gran parte de su carrera profesional".

Tanto el decano del ICAM como la autora del informe insisten en que se trata de "una medida extraordinaria, limitada en el tiempo, y voluntaria", que debe estar disponible para todos los mutualistas, que garantice los derechos adquiridos y una pensión suficiente tras la jubilación, y que no perjudique a los mutualistas con menos años para cotizar. "Es tiempo de actuar, es tiempo de legislar", insiste Eugenio Ribón.

"La propuesta no traslada la responsabilidad de la situación a nadie, aunque los propios abogados, Mutualidad y la Seguridad Social deben hacer autocrítica, sino que aporta soluciones. Aquí no se trata de que la Seguridad Social se haga cargo de toda la insuficiencia de aportaciones pasadas, sino de buscar fórmulas equitativas para solucionar un problema, porque con otros colectivos, como los notarios, los registradores o los sacerdotes, ya se buscaron fórmulas creativas para integrarles en el sistema", insisten en el ICAM. "Es tiempo de actuar, es tiempo de legislar", recalca Eugenio Ribón.

El coste para la Seguridad Social no está claro

La transición al RETA puede ser muy exigente para muchos abogados. Los que llevan 10 años como mutualista han estado cotizando un 52% de lo que tendrían que haber aportado a la Seguridad Social. Tras cambiar de régimen, tendrían que llegar al 100% de las bases mínimas, que rondan los 300 euros mensuales.

María Emilia Casas admite que "habrá un coste para la Seguridad Social, sobre todo en los casos de conversión conceptual", pero no se atreve a calcularlo, porque dependerá de cómo se regule (la solución más sencilla sería la modificación de una disposición final en la Ley de Seguridad Social) y de cuántos profesionales opten por la pasarela