Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner, subraya que Telegram es una solución de comunicación que no está sometida al control de ningún Gobierno. Por tanto, es utilizado por personas y empresas que quieren mantener la comunicación fluida pero discreta. Sin embargo, como ocurre con todas estas herramientas, también es utilizada por aquellos que realizan actividades ilícitas: hackers que lo usan para cobrar los ciberataques que realizan, personas que negocian asuntos turbios, grupos que se están organizando para realizar delitos o, como en España, personas que distribuyen contenidos sometidos a derechos sin ningún tipo de control.
Por ello, han sido las propias productoras españolas las que han denunciado este uso que les está llevando a perder millones. Todo operador de telecomunicaciones debe estar sometido al control de las autoridades y en este caso no es así.
Por eso, ante la imposibilidad de que la empresa colabore con las autoridades españolas, el juez Santiago Pedraz ordenó el viernes 22 de marzo el bloqueo de Telegram, orden que en la mañana del lunes 25 de marzo ha sido suspendida por el propio juez de la Audiencia Nacional.
El magistrado había solicitado un informe a la Comisaría General de Información sobre "la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal”. Unas horas después, reconocía que era una medida excesiva y no proporcional. “La medida cautelar contra Telegram tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación, puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas”, argumenta.
Además, "la medida no pudiera ser idónea por cuanto los usuarios podrían utilizar una red VPN o un proxy para poder acceder a Telegram” y sortear así fácilmente el bloqueo judicial.
"El cierre de Telegram se puede mirar desde dos ángulos: desde un punto de vista técnico se trata de algo habitual, pues muchas veces los jueces ordenan el bloqueo de páginas web a través de las operadoras de telecomunicaciones debido a ciberataques, espionaje o cuando se está haciendo un uso ilegítimo de la información para un extraer fruto. Desde el punto de vista del usuario, ha pillado por sorpresa porque no estamos acostumbrados al bloqueo de una solución que utilizan varios millones de personas y que puede afectar a empresas y particulares que lo usan para actividades lícitas", apunta este experto.
"Lo ideal sería no llegar a este extremo y que Telegram colaborase facilitando la identificación de aquellas personas que están haciendo un uso ilegítimo; sin embargo, ello no está siendo posible porque precisamente el ADN de Telegram es poner a disposición de los usuarios un mecanismo de comunicación totalmente encriptado y apartado de todo control. Telegram ha sido específicamente diseñado para mantener el anonimato de los usuarios y del movimiento que se realiza en los grupos", añade.
Por tanto, "nos encontramos ante un dilema: legislar de manera más intensiva las redes o liberalizarlas y estudiar cómo controlar solo los usos inapropiados, lo que sería más razonable. El cierre de Telegram sería una medida eficaz en la geografía española, pero no eficiente a medio y largo plazo, puesto que aquellos que quieran hacer un uso ilícito pasarán a otras plataformas menos conocidas y tan discretas como Telegram", concluye este experto.