El inicio de la Vuelta al Cole reaviva una de las principales preocupaciones de los padres en torno a sus hijos pequeños y adolescentes: el acoso escolar o bullying y el ciberacoso. Según el Informe "Necesidades legales de los españoles" realizado por onLygal, el acoso escolar en la niñez (67%) y el ciberacoso (69%) en la adolescencia son las principales preocupaciones legales para las que los padres reconocen necesitar asesoramiento legal. De hecho, cuatro de cada diez personas en nuestro país declaran suspender en conocimientos legales para la defensa sus derechos.
Ambas preocupaciones están también soportadas por los datos. Según las últimas estadísticas mundiales de bullying publicadas por la ONG Bullying Sin Fronteras en mayo de este año, España es el país que registra un mayor número de casos graves de bullying y ciberbullying, con un crecimiento exponencial desde 2019.
Si bien en los últimos años este problema se ve agravado con el auge del uso de las redes sociales por parte de menores y adolescentes, y aunque este tipo de actos no desaparecen en el periodo vacacional, en la escuela o en el instituto se dan muchas formas de ejercer y sufrir violencia y vulneración de derechos.
Natalia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal, señala que “queremos seguir insistiendo en que la rápida intervención de los padres es fundamental para empezar a tomar medidas cuanto antes, cesar la conducta que está afectando al menor y detener el acoso. Además, es importante que el niño o niña afectado se sienta comprendido y respaldado en todo momento por su círculo más cercano, asegurando su desarrollo y bienestar y que pueda seguir haciendo su vida normal”.
Para hacer frente cuanto antes a este problema social, los expertos de onLygal recomiendan a los padres como primera medida estar alerta ante la más mínima sospecha que puedan tener, ya sea por cambios en el comportamiento de su hijo/a, aislamiento, síntomas físicos, excusas para no ir al colegio, etc., y hablar con él/ella para recabar la máxima información: que está ocurriendo, desde cuándo y dónde, y quién o quiénes le están acosando para recabar todas aquellas pruebas que pueda haber –correos electrónicos, grabaciones de conversaciones tanto en audio como en vídeo, fotografías o capturas de pantallas de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales–, así como realizar una cronología de los hechos.
Es recomendable también disponer de partes de lesiones si las hubiera o informes del psicólogo y/o psiquiatra. Con ello, solicitarán una reunión urgente con el tutor/a de su hijo/a para poner en su conocimiento los hechos aportando toda la documentación recabada y pedir que el centro escolar realice una investigación de estos y proteja a su hijo/a. En una segunda reunión, el colegio deberá dar cuenta a los padres tanto de las medidas de protección como de las sancionadoras activadas siguiendo el protocolo de actuación oficial que tiene la obligación de abrir. Tras valorar la familia la evolución de la situación con su hijo/a, los progenitores transmitirán al centro escolar la satisfacción o desaprobación del proceso, en el que debe primar la protección de la víctima y la adopción de medidas adecuadas que eviten que vuelva a suceder.
Si la situación persiste, los expertos recomiendan acudir con toda la documentación al Servicio de Inspección Educativa de la correspondiente comunidad autónoma cuyos protocolos específicos permiten examinar en detalle la situación y, de confirmarse la evidencia, proceder a implantar un plan de intervención y a hacer un seguimiento pormenorizado del mismo. De no solucionarse, deben elevar el caso a la Dirección Provincial de Educación y, en aquellos de extrema gravedad, llevarlo ante la Fiscalía de Menores. Si ninguna de estas vías prosperase, desde onLygal aconsejan acudir en última instancia a los juzgados para interponer una denuncia por vía civil y/o vía penal, dado que muchas veces el acoso escolar incluye otras conductas delictivas como amenazas o agresiones físicas que deben ser abordadas por la vía penal, para que, en función de su gravedad, se puedan imponer las penas oportunas.
“Es recomendable que las familias cuenten con la figura de abogados especializados en este tipo de casos que les asesorarán y acompañarán en todo el proceso de resolución, salvaguardando con ello el desarrollo y bienestar del menor”, concluye Mañas.