Miguel Ángel Valero
La vigésima edición del Informe CYD 2024 muestra las siete prioridades estratégicas para la Universidad española: aumentar la inversión, atraer y retener talento, mejorar la empleabilidad, asegurar la transferencia del conocimiento, impulsar la internacionalización, garantizar el acceso equitativo y acelerar la transformación digital son las siete prioridades estratégicas de la universidad española.
Aunque algunas hayan cobrado mayor relevancia debido a su urgencia, todas continúan siendo fundamentales para garantizar el desarrollo y la competitividad del sistema universitario español. El Informe CYD señala además que la modernización de la gobernanza universitaria es un factor clave para garantizar el avance de todas estas prioridades: una gobernanza que debe ser sólida y moderna y que otorgue autonomía, flexibilidad y capacidad de gestión a nuestras universidades.
Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD, destaca “la importancia de establecer objetivos estratégicos claros y una gobernanza que combine acción, transparencia y rendición de cuentas. La experiencia de otros países de referencia demuestra que, con una modernización de la gobernanza que cuente con unos objetivos bien definidos y mecanismos sólidos de rendición de cuentas, las universidades españolas podrán competir globalmente y desempeñar un papel central en el desarrollo económico y social del país.”.
1. Aumentar la inversión en educación superior
Urge establecer una estrategia y prioridades claras. El reto fundamental en la financiación de la educación superior en España radica en orientar la inversión pública hacia objetivos estratégicos que impulsen la calidad, la eficiencia y la relevancia del sistema universitario.
España destina un 1,43% del PIB a la educación superior frente al 1,48% de la OCDE. El 67% del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76% de la UE, y la proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España es del 2,19%, por debajo de la media de la UE (2,44%) y la OCDE (2,72%). Más allá de pretender equiparar estos porcentajes, el incremento de la inversión debe ir acompañado de una transformación del modelo de financiación, centrado en el uso estratégico de los recursos y en una rendición de cuentas continuada y periódica en base a resultados.
Un ejemplo claro de la necesidad de una estrategia se observa en la inversión en I+D. Aunque España experimentó un crecimiento del 12,05%, alcanzando los 19.325 millones€, mayoritariamente gracias a fondos europeos, la contribución de las universidades continúa disminuyendo, situándose en el 26,5% del total. Esto muestra que el problema no es únicamente la cantidad de recursos disponibles, sino la falta de un enfoque estratégico que priorice y fortalezca el papel de las universidades en el ámbito de la innovación y el desarrollo.
2. Atraer talento y asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador
La precariedad laboral, el envejecimiento, las políticas retributivas y la falta de perspectivas de estabilización para quienes buscan una carrera académica en España son algunas de las razones que dificultan la renovación del personal académico. Así, la edad media del personal docente e investigador se sitúa en 49,5 años y un 18,1% de sus miembros se jubilarán en la próxima década (34% en el caso de los funcionarios), lo que evidencia la falta de una entrada significativa de nuevo personal. Solo el 52,6% del PDI en universidades públicas contaba con puestos permanentes, frente al 82,4% en las universidades privadas. Este nivel de precariedad afecta tanto a la calidad de la docencia como a la capacidad investigadora, además de dificultar el desarrollo de carreras académicas con perspectivas en el tiempo.
A pesar de las reformas propuestas por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para mejorar la estabilidad y promover una carrera académica más atractiva, persiste la necesidad de una mayor autonomía en la gestión de su personal, con políticas flexibles de atracción, retención y estabilización del personal académico - según el Autonomy Scorecard de la European University Association, España ocupa una de las posiciones más bajas en términos de autonomía de gestión del personal docente (país 27 de 35) -.
3. Mejorar la empleabilidad
La desconexión entre titulaciones y mercado laboral afecta a los graduados, denuncia el Informe CYD 2024. La Universidad tiene un papel fundamental en la preparación de los jóvenes para incorporarse al mercado laboral, pero también en la dotación de competencias versátiles y transversales que les permitan desarrollarse en un mercado en constante transformación. Para ello, es necesario otorgar a las universidades de mayor autonomía en la toma de decisiones estratégicas y capacidad para colaborar con los empleadores.
La expansión de la oferta de másteres oficiales, con un crecimiento respecto al curso pasado del 3,6% en 2023-2024, y el aumento del 8% anual en el número de titulados de este nivel educativo en 2022-2023, demuestran un avance hacia una formación más diversificada. Esta tendencia es un paso importante, ya que puede facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades que permitirán a los jóvenes adaptarse a las necesidades de los empleadores. Sin embargo, se detectan desajustes notables entre las competencias adquiridas en la universidad y las demandas del mercado laboral.
En áreas estratégicas como informática y ciencias, el incremento del número de plazas en grado en las universidades públicas presenciales (14,3% y 4,9%, respectivamente) es positivo, pero ampliamente insuficiente para cubrir el crecimiento de la demanda (36,3% y 26%). Otras disciplinas como la ingeniería no han visto un aumento acorde en la oferta educativa, generando una brecha entre la formación impartida y las oportunidades profesionales disponibles. Además, España cuenta con una alta proporción de ocupados con estudios superiores (la octava más alta de la UE), pero el 35,8% de ellos ocupan puestos de baja cualificación, evidenciando que el reto no radica únicamente en formar a profesionales, sino en formarlos con las habilidades adecuadas y en las áreas más demandadas.
4. Aumentar la relevancia del conocimiento generado para la sociedad
España destaca por su importante capacidad productiva en investigación científica, con un volumen de publicaciones ligeramente superior a la media mundial. No obstante, el reto que se plantea es el de garantizar que esta producción científica se traduzca en investigaciones que impacten en la sociedad, en el sistema productivo y en la economía en general.
Entre 2020 y 2023, el 69,5% de las publicaciones fueron de acceso abierto, facilitando su difusión, y un 33,3% también estuvieron alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que refleja una voluntad creciente de vincular las agendas de investigación con los retos globales.
El Informe CYD 2024 estima necesario revisar los criterios de evaluación del profesorado para reconocer e incentivar el impacto social y económico de la investigación. Asimismo, para asegurar la relevancia social del conocimiento generado por las universidades, considera fundamental explorar nuevas vías de transferencia de conocimiento, como la creación de plataformas digitales, la promoción de espacios físicos que congreguen bajo un mismo techo a varios actores, o las iniciativas de ciencia ciudadana que ofrecen la oportunidad de involucrar a la sociedad en los procesos de investigación.
5. Fomentar la internacionalización
La internacionalización sigue siendo una prioridad estratégica fundamental en un escenario de competencia global. La movilidad estudiantil es insuficiente: en 2022-2023, un escaso 6,2% de los estudiantes eran estudiantes internacionales con matrícula ordinaria. Una más que posible causa de esta situación es la escasa oferta de titulaciones en idiomas extranjeros (15,86% en el curso 2022-2023), lo que reduce la competitividad internacional de los estudios ofrecidos.
El estancamiento en la atracción de personal académico extranjero sigue siendo otra de las principales debilidades del sistema universitario español. En el curso 2022-2023, el porcentaje de personal docente e investigador de nacionalidad extranjera se situó en un 3,2%, con un incremento mínimo de siete décimas desde el curso 2018-2019. En el ámbito de la investigación, ha disminuido el liderazgo de investigadores nacionales en las colaboraciones de ámbito internacional.
Para fomentar una internacionalización efectiva es necesario flexibilizar las normativas de contratación, incentivar la movilidad y promover la participación de investigadores y docentes en redes internacionales.
6. Mejorar el acceso y la equidad
Persisten brechas sociales y de género en el acceso y desarrollo profesional. Factores como el nivel de renta familiar, el nivel educativo la situación laboral de los progenitores y el municipio de residencia, siguen condicionando el acceso de los jóvenes a la universidad, lo que perpetúa las desigualdades sociales. En el curso 2020-2021, el 63,6% de los estudiantes de grado tenía uno o ambos progenitores con estudios superiores, mientras que el 35% de la población de 45 a 64 años (franja de los progenitores) tenía estudios superiores en 2021; hecho que indica una sobrerrepresentación de alumnos de familias con un alto nivel educativo en las aulas.
A pesar del avance en los últimos años, sigue preocupando la paridad de género y la presencia de la mujer en las áreas STEM. El porcentaje de mujeres matriculadas en grado en el sistema universitario (56,8%, curso 2022-2023) supera al de los hombres; sin embargo, su presencia sigue siendo escasa en las áreas más técnicas (el 33,5% de los estudiantes de STEM son mujeres) y, especialmente, en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), donde las mujeres apenas representan el 16,3% de los matriculados. Revertir esta situación no es responsabilidad exclusiva de las universidades: debe abordarse desde las primeras etapas educativas y fomentar la visibilidad de referentes femeninos en estos campos.
En cuanto al desarrollo profesional de los egresados, persiste todavía la brecha salarial de género con independencia del ámbito de estudio. La base media de cotización anual en un trabajo a tiempo completo para las mujeres recién tituladas en grado era un 5,8% inferior a la de los hombres, presentando una mejora, sin embargo, respecto a la brecha del 8% en 2020.
También en la carrera académica persiste el “techo de cristal”, con una disminución de la proporción de mujeres entre el profesorado a medida que se asciende en la jerarquía académica. En el curso 2022-2023 sólo el 27,4% de las plazas de catedrático de universidad estaban ocupadas por mujeres; y en 2021 el 25% de los rectores eran mujeres, con una mejora respecto al 22% de 2019. Si bien el avance es lento, el cambio se está produciendo en la buena dirección.
7.Acelerar la transformación digital
La Universidad española sigue enfrentando un reto mayúsculo y nada fácil de afrontar: dar el salto definitivo hacia la transformación digital, un proceso amplio y profundo que implica reconfigurar los procesos internos, las estructuras organizativas y, lo más importante, la cultura y mentalidad de los que forman parte de la institución.
La complejidad inherente de la universidad como sistema puede dificultar el proceso, aunque, al mismo tiempo, justifica su urgencia: es una necesidad inaplazable que requiere un cambio de paradigma y la reestructuración de la organización en todos sus niveles.
CaixaBank Dualiza: falta un millón de jóvenes en ocupaciones verdes
España afronta el proceso de transición medioambiental con un déficit de un millón de jóvenes en ocupaciones verdes, según refleja el informe “La Formación Profesional ante los retos de sostenibilidad medioambiental en España”, elaborado por CaixaBank Dualiza y Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad.
El estudio parte de los 14 retos medioambientales prioritarios establecidos por la Fundación Biodiversidad, la Oficina Española del Cambio Climático y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Rehabilitación de viviendas; Construcción de vivienda nueva sostenible; Medio urbano: urbanismo y movilidad sostenible; Medios de transporte electrificados; Producción de energía renovable; Economía circular; Emergencias climáticas; Renaturalización urbana; Gestión patrimonio natural; Restauración ecológica; Turismo de naturaleza sostenible; Explotaciones agropecuarias sostenibles; Pesca y acuicultura sostenibles; y Gestión forestal sostenible).
En cada uno de esos retos, hay identificados 14 ámbitos de actividades sectoriales, denominados cadenas de valor, que contribuye a lograr los objetivos. Ese término, cadena de valor, describe el conjunto de actividades necesarias para llevar un producto o servicio desde su concepción, pasando por las fases de producción, hasta su entrega al consumidor final. Es en ese proceso donde el estudio identifica los empleos verdes necesarios para lograrlo y qué ocupaciones verdes existen relacionadas con la FP, en lo que constituye la primera vez que se realiza una relación tan detallada.
Ese análisis ha permitido concretar la existencia de 502 ocupaciones, de las que 117 serían catalogadas como verdes. Para ello, se tiene en cuenta que estén directamente relacionadas o tenga un alto potencial en la mejora de la eficiencia de recursos y energía, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, preservación de biodiversidad o restauración de ecosistemas. Con esa división, se puede ver también cuáles son los sectores con mayor población empleada en ocupaciones verdes.
De todos los analizados, solo hay cuatro donde más de la mitad de los profesionales que se desempeñan en ellas son verdes (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Suministro de agua y actividades de saneamiento; Información y comunicaciones; y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado), lo que deja ver la necesidad de incrementar las ocupaciones verdes gradualmente. Además, el número de personas ocupadas en esos sectores asciende a 1.751.695.De modo global, en el conjunto de sectores, más de 1.830.000 personas son mayores de 50 años, mientras que apenas 830.000 tienen entre 15 y 29 años, lo que deja ver esa brecha de más de un millón de jóvenes necesarios para afrontar el relevo con garantías.
Esa brecha generacional afecta a prácticamente todos los sectores productivos.Tomando como referencia el conjunto de sectores y centrándose en esas 117 profesiones verdes citadas anteriormente, se ha analizado qué estudios son fundamentales para desarrollarlas, concluyendo que 71 de ellas están vinculadas a la FP (41 de Grado Medio y 30 de Grado Superior), mientras que 38 corresponderían al ámbito universitario. El resto serían ocupaciones elementales de baja cualificación.
Ese análisis ha permitido determinar qué peso tienen las determinadas modalidades educativas a la hora de contribuir a la transición medioambiental, reflejando que la FP será fundamental en ese proceso por varios motivos:
Dentro de esos estudios de FP, también se ha investigado el peso que tiene la sostenibilidad medioambiental, permitiendo ver cómo de los 181 ciclos formativos que hay en España, con matriculación tanto de LOE como de LOGSE, un total de 60 serían fundamentales para poder afrontar esa transición verde, al formar a los profesionales que desempeñan ocupaciones verdes prioritarias. Pese a representar solo un tercio del total de ciclos existentes, el número de estudiantes matriculados en ellos representa más del 41% del total de alumnado matriculado en FP. En cifras, los estudiantes matriculados en ciclos verdes el curso pasado ascenderían a 413.253, casi dos tercios de todos los de Grado Superior y un tercio de Grado Medio. Esa cifra supone un incremento de casi un 74% respecto a los matriculados hace una década, cuando fueron 237.079.El mayor interés por los estudios de FP y, en concreto, por los ciclos verdes ha tenido un reflejo directo en la titulación de técnicos que, en el último curso disponible, 2021-22, alcanzaron los 111.557, un 94% más que en 2013-14 cuando fueron 57.497, y, por tanto, un reflejo directo también en el mercado laboral.
En ese mercado, los últimos datos indican que, en 2023, España contaba con 1.548.031 profesionales de la FP en ocupaciones verdes, un 41.8% más que en 2014 al haber crecido a una media de un 4% anual.Si la tendencia continuara del mismo modo, ese número podría superar los dos millones para 2035 y ascender a 2.059.163.Además, el estudio también ha actualizado las oportunidades de empleo que se generarán en la próxima década, 2025-35, concluyendo que habrá 12.036.637, de las que 3.322.770 serán para técnicos de FP. El empleo verde tendrá un peso importante en esa generación de empleo ya que, tanto en el conjunto global, como en las oportunidades para la FP, se estima que casi una de cada tres oportunidades sería potencialmente verdes.