Repsol paga la factura de las medidas de Trump contra Venezuela
Miguel Ángel Valero
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela vuelven a tensarse. La nueva amenaza de Donald Trump, quien ha anunciado su intención de imponer aranceles a cualquier país que compre petróleo venezolano, marca un punto de inflexión en una relación ya marcada por décadas de fricciones, sanciones y desconfianza mutua.
Durante el mandato de Biden, EEUU optó por relajar parcialmente supresión sobre Caracas, autorizando licencias puntuales que permitieron a Venezuela exportar crudo bajo ciertas condiciones. El objetivo era fomentar avances en el diálogo político y preparar el terreno para unas elecciones más transparentes.
Sin embargo, tras el reciente veto a la candidatura opositora y unas elecciones nuevamente cuestionadas por la comunidad internacional, ese breve periodo de distensión se ha desvanecido. La relación vuelve a estar marcada por sanciones, desconfianza y tensión. En este contexto, Trump ha recuperado su línea más dura, utilizando la amenaza arancelaria como herramienta de presión y como mensaje político de fuerza de cara a su electorado.
"Pero la realidad es que las refinerías de EEUU son las mayores compradoras de petróleo barato, viscoso y sulfuroso que produce Venezuela, adquiriendo el 40% de todo el petróleo exportado por el régimen de Maduro en 2024", denuncia el analista Pablo Gil. China e India son los siguientes mayores clientes, y tras ellos están España, Brasil, Cuba y Turquía.
Si la amenaza de Trump se concreta, las economías que mantienen vías de intercambio comercial con Venezuela se verán obligadas a reconsiderar su posición. Las sanciones podrían obstaculizar operaciones de empresas energéticas europeas o asiáticas, incluso si éstas no operan directamente en suelo estadounidense.
Crudo para pagar deudas
El caso de España es especialmente sensible, ya que parte del crudo se utiliza para saldar deudas acumuladas con Repsol, lo que podría complicar la recuperación de activos pendientes.
Repsol mantiene contactos con la Administración Trump para buscar alternativas y evitar su salida forzosa de Venezuela. Unas negociaciones que lleva la propia compañía directamente sin la participación directa del Gobierno español, que se limita a “acompañar” y “apoyar” al grupo petrolero en esta crisis provocada por la intensificación del cerco de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.
El Gobierno de EEUU ha decidido revocar los permisos especiales que tenían varias petroleras internacionales asociadas con la compañía estatal venezolana PDVSA, entre ellas Repsol, para exportar crudo y otros productos derivados. La compañía española busca fórmulas para evitar el fin de sus operaciones en Venezuela, después de que la Administración estadounidense haya dado a las petroleras un plazo de sólo dos meses, hasta finales del próximo mayo, para liquidar sus operaciones el país.
“Esperamos que la empresa pueda llegar a un acuerdo con la Administración americana para que pueda seguir operando en el país”, señala el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que añade: “Estamos apoyando a la empresa en su proceso de diálogo. Es importante la negociación y llegar a una solución acordada. Tenemos mucho que proteger”. “Si se toman medidas discrecionales, injustas e injustificadas, tenemos las herramientas necesarias para responder” en el marco de las competencias comerciales de la Unión Europea, insiste.
Repsol lleva operando más de tres décadas en Venezuela y actualmente concentra su actividad muy mayoritariamente en la producción de gas natural, más que de petróleo. El 85% de la generación de la compañía en el país sudamericano es de gas natural para consumo interno, no se exporta, y tiene una importancia clave para sostener el sistema eléctrico en una parte sustancial del país. Pero Venezuela paga en especie, en buques cargados de petróleo, la deuda histórica acumulada (actualmente de unos 600 millones) y también por sus operaciones actuales en el país. Y ese petróleo sí que está destinado a la exportación y se verá afectado por la retirada de los permisos por parte de Washington.
“Estamos en relación directa con las autoridades americanas, vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país. Estamos hablando y trataremos de buscar mecanismos que permitan que nuestra actividad, que siempre ha tenido altibajos y periodos de dificultad, y que nunca ha sido fácil”, destaca Josu Jon Imaz, CEO de Repsol. “Cumplimos con la legislación, Repsol siempre ha respetado y seguirá respetando las sanciones que se decidan”, asegura.
En 2024 Repsol produjo una media de 67 millones de barriles al día en Venezuela. EEUU es uno de los principales mercados para la compañía española y representa en torno al 4% de sus ingresos totales.
Repsol tiene una exposición patrimonial de 504 millones€ en Venezuela por sus activos en el país, prácticamente el doble que los 259 millones del año anterior, pero muy por debajo del máximo de riesgo de 2.400 millones que alcanzó hace una década. La exposición patrimonial actual se concentra muy fundamentalmente a la financiación otorgada a las sociedades conjuntas de producción de petróleo y gas Petroquiriquire y Cardón IV que tiene en el país, junto a PDVSA y la italiana ENI, y también a la deuda histórica aún pendiente de pago que acumula con la petrolera estatal venezolana. Tras años reduciendo su exposición al mercado venezolano, Repsol había reactivado su negocio en el país en colaboración con la estatal PDVSA en 2023 con acuerdos para elevar su producción (de unos 24,4 millones de barriles de crudo equivalentes el año pasado) y el año pasado consiguió darle un impulso a su actividad en el país tras recibir permisos de exportación por parte de la Administración de Joe Biden.
Los permisos especiales para poder exportar fueron emitidos por el Departamento del Tesoro estadounidense en el anterior mandato presidencial de Joe Biden. Se trataban de exenciones específicas para permitir a algunas petroleras operar en Venezuela y exportar el petróleo de PDVSA sorteando las sanciones impuestas por Washington contra el régimen de Maduro.
“Ante la relajación de las medidas coercitivas de los Estados Unidos al Gobierno de Venezuela” firmó un acuerdo con PDVSA en 2023 para la empresa que comparten, Petroquiriquire, para incrementar la producción y facilitar el pago la deuda asociada a los activos conjuntos sin que le suponga inversiones adicionales para la compañía española. De hecho, la exposición al mercado venezolano es una las cuestiones sobre las que alerta el auditor en el informe financiero del ejercicio de 2024. En ese informe, la compañía que pilota Josu Jon Imaz como consejero delegado especifica que EEUU terminó en abril del año pasado con la licencia general que otorgaba a las compañías petroleras a operar en Venezuela. También matizaba que en mayo obtuvo una dispensa especial para operar en el país. Ésta ahora ha sido revocada, según una carta enviada por la Casa Blanca a la empresa española.
En este contexto, Repsol había disparado su negocio con Venezuela en los últimos meses. En 2024, recibió más de tres millones de toneladas de crudo de PDVSA, el doble que el año anterior. Estas cifras hacen de 2024 uno de los ejercicios en los que más petróleo ha recibido Repsol de Venezuela en 20 años, al nivel de los números de 2015, 2014 y 2006.
La decisión de Washington afecta también incluye a la petrolera estadounidense Global Oil Terminals, propiedad del millonario y donante del Partido Republicano Harry Sargeant III, a la francesa Maurel et Prom, que deberán poner fin a sus operaciones en Venezuela antes del 27 de mayo. Y a las licencias emitidas a empresas de gas venezolano que tengan relación comercial con la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Estos permisos fueron emitidos por el Departamento del Tesoro estadounidense bajo el formato de licencias, exenciones o cartas de conformidad para permitirles operar en Venezuela y exportar el petróleo de PDVSA sin que les afecten las sanciones impuestas por Washington.
Los gobiernos afectados tienen pocas salidas. Algunos podrían optar por reforzar la cooperación energética con países como Irán o Rusia. Otros se verán forzados a renegociar contratos o buscar exenciones dentro del marco legal internacional. La Unión Europea, previsiblemente, abrirá un nuevo frente diplomático para proteger a sus empresas de posibles represalias. La línea de acción dependerá de hasta dónde esté dispuesto allegar Trump en su estrategia de presión y del margen que tengan los gobiernos afectados para desafiarlo sin poner en riesgo relaciones más amplias.
"El Gobierno español estará obligado a hacer equilibrismo. Por un lado, preservar su posición en Venezuela implica proteger intereses energéticos y ciudadanos con vínculos familiares y económicos. Por otro, un enfrentamiento directo con Washington no parece viable. La solución más probable pasará por articular una posición conjunta desde Bruselas que permita abrir una vía de diálogo o excepciones técnicas", subraya Pablo Gil.
La amenaza arancelaria de Trump no es solo una cuestión de presión sobre Maduro. Es una advertencia a todos los países que aún mantienen lazos energéticos con Venezuela. Y en esa lista está España. Las próximas semanas dirán si esta amenaza se convierte en un conflicto diplomático de mayores proporciones o si, como tantas veces, se trata solo de una carta de presión en una partida más amplia.
Más allá de la coyuntura, esta situación pone de relieve hasta qué punto la política energética global sigue siendo rehén de los intereses geoestratégicos. Ninguna decisión comercial está exenta de implicaciones diplomáticas, y ningún país puede permitirse ignorar cómo los giros en Washington acaban redibujando las reglas del juego internacional.