“La inminente llegada de la factura electrónica para todas las empresas y autónomos impulsará aún más la lucha contra la economía sumergida”, asegura el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, que considera que “para facilitar su adopción en microempresas y empresarios personas físicas, quizá sería bueno establecer algún tipo de incentivo fiscal por parte de la Administración”.
También hace hincapié en la importancia de la gestión tributaria en la lucha contra el fraude: “Es estratégica, por lo que cualquier posible reorganización de la Agencia Tributaria habrá de hacer partícipes a todas las administraciones y ponderarse en términos de eficiencia”.
Por su parte, el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, resalta que “el fraude fiscal perjudica sobremanera a las empresas que cumplen con sus obligaciones, que son la gran mayoría, en cuanto las sobrecarga con los impuestos y cotizaciones de los defraudadores, a la vez que sufren su competencia desleal”.
Cree que “el fraude fiscal debe incorporarse en las estadísticas para poder mejorar el diagnóstico de nuestra economía; así, por ejemplo, la presión fiscal ajustada de economía sumergida (indicador en el que superamos al promedio de países de la UE) debe completar el análisis insuficiente de la presión fiscal recaudatoria en relación al PIB”.
Con la intención de contribuir a la mejora del sistema tributario, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas– ha decidido organizar dos sesiones –con la colaboración del Instituto de Estudios Económicos (IEE)–, bajo la denominación de Encuentros REAF sobre el fraude fiscal.
En la primera de estas sesiones –Definición del Fraude Tributario y su cuantificación. Referencias internacionales– han intervenido Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado y exdiputado en el Congreso, y Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos e inspector de Hacienda en excedencia.
Jesús Quintas, vocal del Consejo Directivo del REAF-CGE, señala que “el intercambio de información entre Administraciones tributarias y la captación de información detallada e individualizada de las operaciones comerciales y movimientos bancarios casi en tiempo real deben dar lugar a reducir los incumplimientos tributarios, sean o no constitutivos de fraude. Pero no cabe descartar que subsistan fórmulas de fraude más sofisticadas y de más difícil control y seguimiento.” Y avisa que el denominado “gap fiscal” no es un indicador del fraude tributario, sino de la diferencia entre la recaudación que se obtendría teóricamente si no se aplicasen reducciones, bonificaciones ni tipos reducidos y la realmente obtenida, con la discusión sobre si aspectos tales como el mínimo personal debe o no tenerse en cuenta.
Aunque es difícil medir con precisión el fraude tributario, España está logrando reducir el fraude, y se sitúa por debajo de la media comunitaria. Pero el número de casos enviados por delito fiscal se ha ido reduciendo en los últimos años. La persecución del fraude no es muy distinta de la que se realiza en otros países.
La digitalización ha facilitado ciertas formas de fraude, especialmente aprovechadas por multinacionales que operan sin presencia física en los países, por lo que es necesaria una mayor cooperación internacional para equilibrar los sistemas fiscales. En ese sentido, los expertos recuerdan que la normativa europea contra la evasión fiscal de las multinacionales aún no ha sido traspuesta en España.
Es crucial que la Administración Tributaria gestione de manera eficiente la información que recopila, protegiendo los datos y considerando los costes indirectos que esto conlleva, en un contexto donde, además, España tiene un alto número de obligaciones tributarias formales (hasta 55 tipos de declaraciones informativas).