Economía vaticina la creación de 875.000 empleos

Un eufórico Carlos Cuerpo ha protagonizado el Consejo de Ministros. El ministro de Economía ha presentado la actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales para 2024 y 2025, asegurando que se crearán 875.000 puestos de trabajo en estos dos años.

Destaca que España lidera el crecimiento entre las principales economías de la zona euro, y que "seguiremos liderando el crecimiento y la recuperación pospandemia en 2024 y 2025". También presume de que los analistas y organismos nacionales e internacionales revisan al alza sus previsiones, convergiendo a la estimación del Gobierno, del 2%.

Ese crecimiento además "es compatible con una moderación de la inflación, permitiendo un incremento del poder adquisitivo", "equilibrado", al apoyarse en un sector exterior dinámico. "Un modelo de crecimiento que genera confianza entre los inversores" y que, al mismo tiempo, es "fiscalmente responsable".

Carlos Cuerpo asegura que más del 50% de los fondos de la primera fase del Plan de Recuperación han sido ejecutados.

Anteproyecto de ley de compradores de créditos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, por el que se transpone la Directiva europea sobre la materia y se modifica la Ley de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011/ y la Ley de contratos de crédito inmobiliario /Ley5/2019). El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, garantizando que se respetan sus derechos y se les ofrecen soluciones para afrontar sus deudas. 

También se favorece la estabilidad financiera, facilitando que los bancos puedan vender sus carteras de créditos, permitiéndoles sanear sus balances y mejorar su solvencia.

El Anteproyecto de Ley, que se publicará en Audiencia Pública para recoger las opiniones de los operadores económicos, regula la compraventa de créditos dudosos y contratos de crédito dudosos realizado por entidades de crédito de la Unión Europea que estén sujetos a la normativa española, estableciendo unas reglas comunes para establecer la operativa de este mercado.

El proyecto normativo regula, en primer lugar, la actividad de administración (cobro y renegociación) de créditos dudosos, que pasa a ser una actividad reservada y requiere de la autorización previa del Banco de España. 

Con el fin de proteger a los consumidores, se establecen como requisitos para obtener esta autorización disponer de un sistema interno adecuado de gestión de reclamaciones, así como una política adecuada que garantice la protección y trato justo de los prestatarios

También se regula la compraventa de créditos dudosos, asegurándose el mantenimiento de las condiciones y derechos de los prestatarios y trasladándose las obligaciones de transparencia, protección e información, incluyéndose el cumplimento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor inicial estuviera adherido

El proyecto normativo establece garantías adicionales para la protección de los prestatarios, que obligan tanto a los compradores como a los 'services' a dar un trato adecuado e información suficiente, además de contar con un servicio de atención al prestatario y de reclamaciones extrajudiciales adecuado. Con el finde asegurar el cumplimiento de estas obligaciones el Banco de España supervisará a los compradores de crédito y a los services, estableciéndose el correspondiente régimen de infracciones y sanciones.

En las normativas sectoriales de crédito al consumo y de crédito inmobiliario se introduce la obligación de que los prestamistas cuenten con una política de renegociación de deudas, debiendo ofrecer al prestatario, antes del inicio de acciones judiciales o la exigencia del pago total de la deuda, medidas encaminadas a alcanzar acuerdos de renegociación. 

La norma establece condiciones especiales para los prestatarios en situación de vulnerabilidad económica, que son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y las personas que se encuentren por debajo de unos umbrales mínimos de ingresos y en los que concurran ciertas situaciones adicionales. En estos casos la entidad prestamista que vaya a vender el crédito dudoso a un tercero deberá ofrecer al prestatario la posibilidad de reembolsar el crédito aplicando una quita o condonación parcial alineada con el importe estimado de la venta del crédito.

Se introducen, además, en la Ley de crédito al consumo medidas adicionales de protección de los deudores, dirigidas a mejorar la información y protección de estos clientes. Se limitan los intereses de demora a cobrar en casos de impagos por parte del consumidor; se definen los supuestos de modificación del tipo de interés en contratos de duración indefinida (como en el caso de las tarjetas revolving), permitiendo a los clientes no aceptar las subidas o cancelar el contrato. Y se clarifican las condiciones de las indemnizaciones por amortización anticipada en el caso de financiaciones ligadas a la compra de bienes o servicios.

Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Amparo López Senovilla como secretaria de Estado de Comercio. Nacida en Jaén, López Senovilla es abogada del Estado y máster en Derecho Comunitario.Ha ejercido como abogada del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ha desempeñado funciones de coordinadora de los Juzgados de lo Contencioso administrativo y Juzgados de lo Penal durante cinco años, entre noviembre de 2005 y enero de 2010, y en los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo en 2010. A

Ha sido abogada del Estado-Jefe Adjunta, Coordinadora de Asuntos Concursales en el Servicio Jurídico dela Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, posteriormente, abogada del Estado Jefe del Área Concursal en la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado, desde septiembre de 2013 a junio de2018. Ha sido abogada del Estado coordinadora de los convenios de asistencia jurídica con el Consorcio Ciberesp, con Portel Servicios Telemáticos S.A., con el Instituto de Crédito Oficial, y con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA).

López Senovilla ha sido asesora jurídica del Ministerio de Justicia para el Grupo de trabajo para la reforma del Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia (2012-2013). Responsable de la Delegación española del Grupo V de UNCITRAL (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional), sobre Régimen de la Insolvencia, desde abril de 2014 a junio de 2018 y relatora de la 53ª sesión de dicho Grupo. Asesora Jurídica designada por el Ministerio de Justicia del Grupo de trabajo para la Propuesta de Directiva sobre Reestructuraciones y Segunda Oportunidad, desde enero de 2017 a junio de 2018.

Desde su llegada al Ministerio de Economía y Empresa en junio de 2018 hasta ahora, ha ejercido el cargo de subsecretaria. Ha trabajado en la tramitación de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, la Ley de Start-ups y la reforma de la Ley Concursal, incluyendo la transposición de la Directiva relativa a marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y mejora de la insolvencia de los procedimientos de insolvencia. Ha participado en la transposición de la Ley de Información no financiera, que es el precedente de la actual Directiva de sostenibilidad. También ha participado de forma directa en el diseño y ejecución de las inversiones correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio.

Ha sido también miembro del Consejo de Administración de SEPI, vocal de la Comisión Rectora del FROB y vocal del Consorcio de la Ciudad de Toledo desde junio de 2018 a la fecha. Es además socia de honor de  AEMPI, Asociación de Mujeres Profesionales de la Insolvencia.

López Senovilla releva en el cargo a Xiana Méndez, que tras seis años como secretaria de Estado, ocupará la plaza española de directora ejecutiva de lFondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Aida Fernández González, subsecretaria del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Aida Fernández González ha sido nombrada subsecretaria del Ministerio de Economía. Nacida en Madrid y licenciada y máster en Periodismo, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas desde 2022, ha formado parte de consejos de administración de Organismos Internacionales de Propiedad Industrial como la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Previamente, entre 2018 y 2022, ha sido jefa de gabinete de la Subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

A lo largo de su trayectoria profesional en la Administración General del Estado, ha sido asesora del Gabinete de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y del ministro de Economía y Empresa. También fue asesora en el gabinete del Subsecretario de Fomento.

Autorizada la compra de Vodafone España por Zegona Bidco

El Consejo de Ministros ha aprobado la adquisición del 100% del Grupo Vodafone España por Zegona Bidco. Laoperación, que supone la compra del tercer operador de telecomunicaciones en España por cuota de mercado (16% de clientes de banda ancha fija y 22% de clientes de telefonía móvil, según los últimos datos publicados por CNMC, febrero de 2024), está valorada en 5.000 millones€ que se financiarán con una combinación entre deuda y capital.

El grupo comprador ha presentado en el proceso de autorización diversos compromisos a través de un plan estratégico y financiero: garantizar la continuidad del servicio y contempla inversiones futuras, principalmente en cobertura móvil con tecnología 5G, y adoptarmedidas que garanticen la solvencia financiera.

Estas inversiones, especialmente las dirigidas al desarrollo del 5G, permitirán a España consolidar su posición a la vanguardia europea en conectividad, beneficiando a los ciudadanos y empresas, al impulsar el desarrollo tecnológico del país. 

Además, Zegona también se ha comprometido a mantener los contratos relevantes con la Administración General del Estado y a mantener estabilidad en los activos estratégicos de la compañía.

“El sector de las telecomunicaciones se encuentra en un momento de profunda reorganización, y es obligación de los poderes públicos garantizar que este servicio estratégico no sólo esté asegurado, sino que salga reforzado cuando se produce una operación empresarial de alcance”, explica el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escriva. "Con los compromisos asumidos por el comprador, estamos convencidos de que el liderazgo de España en conectividad podrá consolidarse”, asegura.

España dispone de un 100% de conectividad en banda ancha ultrarrápida porla combinación de las tecnologías de fibra y satélite, y un despliegue creciente de cobertura 5G articulado a través de un plan de impulso al que se han dedicado más de 1.400 millones.

El Gobierno ha autorizado la operación, que fue informada favorablemente la semana pasada por la Junta de Inversiones Exteriores, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la pasada semana, tras el escrutinio de la operación exigido por la normativa. Además, el Ministerio para laTransformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha autorizado a la entidad compradora a tomar el control sobre las concesiones de espectroradioeléctrico que ostentaba Vodafone España.

"España tiene un control riguroso sobre el control de las inversiones extranjeras que equilibra las garantías de seguridad pública con un marco estable y predecible que continúa atrayendo la inversión exterior, que es fuente decrecimiento y empleo", destacan en el Gobierno.