Miguel Ángel Valero
El empresario Juan González Herrero, que se encuentra inmerso en un proceso judicial por supuestamente estafar más de 40 millones€ a miles de pequeños inversores a través del entramado de sociedades de intermediación de seguros Grupo Brigantina Herrero, ha constituido una nueva sociedad denominada LEYEC 2024, S.L.P., con domicilio en Ponferrada (León), en la que figura como administrador único.
La denuncia, efectuada por el bufete de Asturias Vallverdú, que representa a decenas de afectados por la presunta estafa, es corroborada por el Registro Mercantil de León, que certifica que se constituyó esa sociedad, con sede en la calle Fueros de León, 1, 1º A, 24400, Ponferrada (León) el 31 de enero de 2024, con la consultoría empresarial como actividad principal.
El bufete asturiano critica que, entre los servicios que ofrece Leyec, figure la intermediación en la obtención de crédito con entidades financieras reguladas por el Banco de España y financiar con capitales propios proyectos de clientes.
El director del bufete, Rubén Cueto, afirma en un comunicado que es "incomprensible" que después de todo lo que ha ocurrido con Herrero Brigantina, que a medida que avanza la investigación más irregularidades se observan, el sistema permita operar de nuevo a personas que han arruinado la vida de miles de familias.Añade que, antes de volver a operar en el mercado, González Herrero debería devolver el dinero a los afectados de Herrero Brigantina, a los que "les ha destrozado la vida".
El director de Vallverdú Abogados insiste en que el Grupo Brigantina Herrero comenzó como una sociedad de intermediación de seguros sin ningún tipo de incidencia "hasta que pasó lo que pasó", por lo que, para evitar que situaciones como ésta se repitan, el sistema debería aplicar mejor los controles de supervisión.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz es el encargado de investigar a esta firma de inversión por la querella presentada por presunta estafa piramidal en la venta, a alrededor de 35.000 clientes, de productos de inversión que ofrecían una rentabilidad de hasta el 50 % en 10 años. Los afectados ignoran el destino de los fondos invertidos, y aunque se les garantizaba que podían retirar su dinero, al intentar su rescate no lo lograban como tampoco explicación alguna de los responsables de la sociedad fundada en 2011 por Juan González Herrero.
La OCU, que en septiembre de 2022 ya advirtió sobre las prácticas de Herrero Brigantina, animó a los afectados a recopilar todas las pruebas y presentar una denuncia, ya que las ofertas analizadas parecían un montaje para esquivar la normativa de protección de los inversores. El entramado era tal que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones intervenían porque los inversores no adquirían un producto financiero, sino que hacían una especie de préstamo a una sociedad mercantil.