La lista de espera para las prestaciones a la dependencia se reduce a la mitad

Miguel Ángel Valero

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)  ha pasado por distintas etapas desde su puesta en funcionamiento el 1 de enero de 2007. Se comenzó atendiendo a los dependientes más severos para luego gradualmente ir incorporando a los dependientes moderados. La crisis financiera y los recortes presupuestarios de 2012 retrasaron el acceso de este grupo de personas al sistema, que se preveía que ingresaran en el año 2013. Es así como las restricciones presupuestarias hicieron que ese colectivo se incorporará al SAAD a partir de julio 2015 provocando un incremento masivo en la lista de espera de beneficiarios.

Esto se ha denominado “limbo de la dependencia”, en alusión al número de personas que oficialmente se encuentran reconocidos como sujetos de derechos pero que todavía no han recibido ninguna prestación o subsidio.

Un informe del Instituto Santalucía sobre el Sistema de Dependencia en España, elaborado por Sergi Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra) y Analía Andrea Viola (Fedea), subraya que en el año 2022 el 12% de las personas con derecho a prestación se encontraban en el limbo de la dependencia, frente al 33% del pico máximo registrado en diciembre de 2015. La reducción de la lista de espera del SAAD ha sido notable en estos años, que se ha reducido hasta 177.423 personas a diciembre 2022, un 53% por debajo del pico máximo registrado en diciembre de 2015 (385.000 personas). 

En este contexto, con fecha 30 de abril de 2021 se aprobó un Acuerdo para reducir las listas de espera del SAAD por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (2021) denominado Plan de Choque SAAD. El acuerdo estableció una meta general esperada que, al finalizar el año 2021, pretendía reducir la lista de espera de personas pendientes de resolución en 60.000 personas, lo que significaba que en el primer año de aplicación del Plan de Choque la lista de espera no debía superar las 170.000 personas, que, aunque no se alcanzó si que se observó una notable reducción a diciembre 2022.

17 años de Ley de Dependencia

La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (LAPAD) alumbró, a partir del 1 de enero de 2007, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que universalizó la cobertura de las subvenciones y apoyos a los cuidados, permitiendo el acceso a la atención a la dependencia condicionado únicamente a la valoración de las necesidades de cuidados por parte de las personas sin una mediación previa de prueba de los recursos. 

El nuevo sistema ofrecía un conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia, apoyos de atención domiciliaria, centros de día y residencia de mayores contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Además de la atención informal por parte de las familias, que tenía, y aún sigue teniendo, un peso considerable en la atención a la dependencia. 

Sin embargo, antes de la aparición del SAAD ya existía una red de servicios de asistencia social (centros de día, residencias, teleasistencia, asistencia a domicilio) y por supuesto de atención informal (por parte de familiares) a la dependencia. 

En los años previos a la ley, el gasto en atención a la dependencia tenía niveles ciertamente modestos. La Ley de Dependencia se planteó como una vía para, por un lado, racionalizar y promover los servicios de atención al dependiente, ofreciendo una prestación monetaria o en especie para facilitar el acceso a servicios (cuidados formales) para aquellos que son clasificados como dependientes, y por el otro, ofrecer un marco financiero estable fundamentado en tres pilares: aportación del Gobierno Central, aportación de las CCAA y, finalmente, copagos de los usuarios. 

Liberación de los cuidadores no profesionales

El informe publicado por el Instituto Santalucía reconoce que en los últimos años, el SAAD ha mejorado considerablemente, sobre todo por la reducción de las listas de espera y el sostenido aumento del presupuesto de dependencia tras varios años de estancamiento. A pesar de esa mejora. se mencionan algunas recomendaciones sobre la dirección que debería tomar el sistema en su conjunto:

• La reducción del volumen de prestaciones económicas (y el consiguiente aumento de oferta de servicios) que libere a los cuidadores no profesionales (mayoritariamente las hijas y parejas de los dependientes), permitiéndoles incorporarse al mercado de trabajo.
• Agilizar los trámites y procedimientos para acceder a prestaciones.
• Avanzar en una posible evaluación y valoración del SAAD por parte de los ciudadanos para saber su opinión sobre los servicios ofrecidos, su calidad y cantidad. En definitiva, algo similar a lo publicado con el Barómetro Sanitario respecto al sistema sanitario que permita medir la satisfacción de los usuarios con el sistema de dependencia.
• Eliminar o, al menos, disminuir, la incertidumbre financiera que sufren las regiones, a través de la diversificación de las fuentes de financiación, planteando una combinación entre financiación pública estable, vía impuestos y contribuciones (idealmente mediante un sistema de aseguramiento público), complementada con financiación privada derivada de la promoción del aseguramiento privado de los individuos.
• Avanzar hacia un modelo de atención residencial más personalizado, evitando los errores detectado en el pasado más reciente y facilitando la convivencia de mayores activos en el seno de pequeñas comunidades.
• Profesionalizar la fuerza de trabajo y mejorar sus condiciones laborales (estabilidad contractual, formación y salarios), tanto en la atención domiciliaria como en la residencial.
• Progresar en la coordinación efectiva entre atención sanitaria y atención a la dependencia, evitando el uso de la una para atender problemas propios de la otra. 
• Dada la disímil provisión regional, poder garantizar un mínimo de atención para todos los ciudadanos, que, teniendo en cuenta las características idiosincráticas de cada región, evite o reduzca significativamente las diferencias de cobertura a nivel regional.