Óscar Tejada, gestor patrimonial en Portocolom AV, cree que tras unas semanas de intensas lluvias prácticamente sin interrupción que han afectado a la totalidad de la Península Ibérica, "deberíamos reflexionar sobre cómo se gestiona un bien de tanta importancia para la vida en el planeta como lo es el agua". Recuerda que Naciones Unidas define el agua como "un derecho humano que debe ser suficiente, seguro, aceptable, asequible y accesible".
"En un mundo en el que se producen acontecimientos climatológicos extremos (sequías, fuegos o inundaciones) cada vez con mayor frecuencia, provocando alteraciones importantes sobre los recursos hídricos, la gestión del ciclo del agua debería convertirse en una prioridad para todas las naciones", argumenta.
Y más importante si cabe en los países emergentes, donde el impacto de eventos climatológicos extremos es entre 10 y 30 veces superior al que seproduce en un país desarrollado.
Más de un 25% de la población mundial, más de 2.000 millones de personas, no tiene acceso diario a agua corriente, no cuentan con un grifo en su vivienda. Más del 40% de la población no tiene acceso a servicios básicos de saneamiento (un cuarto de baño). Además, este problema se está agravando por un doble factor común en los países emergentes, por un lado, se está produciendo crecimiento demográfico, y por otro, el traslado dela población desde el campo a las grandes ciudades, las cuales no están preparadas para proporcionar unos servicios mínimos a la población debido a su limitada capacidad para invertir en infraestructuras básicas.
Para poder solucionar los problemas relacionados con el agua, especialmente en los países emergentes, es imprescindible desarrollar las infraestructuras necesarias para el almacenamiento, distribución, recuperación y tratamiento de ésta. Y para poder lograrlo serían necesarias inversiones que superen anualmente el trillón$ hasta el año 2030, cuando se estima se habría logrado cubrir las necesidades básicas de la población.
Según la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, para poder abordar todos los retos en materia de agua, serían necesarias inversiones mínimas por importe de 6,9 trillones de dólares hasta el año 2030 para poder garantizar que la infraestructura desarrollada sea compatible con los objetivos del acuerdo de París y los ODS de las Naciones Unidas.
El principal obstáculo para poder alcanzar el objetivo es la falta de capacidad de inversión, ya que en estos momentos se está realizando menos de un tercio de la necesaria. El panorama se complica aún más para las regiones más vulnerables, debido a que junto a sus propias necesidades, los países desarrollados necesitan urgentemente modernizar su propia infraestructura del agua. Y es que la característica común en EEUU y Europa es que cuentan con una infraestructura hídrica muy antigua, a la que se le ha dedicado muy poca inversión y un pobre mantenimiento en las últimas décadas, pero la situación está empezando a cambiar y muchos gobiernos están empezando a incluir entre sus prioridades la renovación de la infraestructura actual.
Entre el 25% y el 30% del volumen de agua gestionado en los países desarrollados desaparece a lo largo de las diversas fases del ciclo, desde la acumulación inicial hasta el usuario final, consecuencia entre otras cosas de la degradación de unos materiales y la obsolescencia de otros como son las tuberías o las válvulas.
La realidad del sector hace aún más llamativo es el hecho de que el sector de las infraestructuras del agua reciba menos del 1% del total de las inversiones relacionadas con la resiliencia climática. El Banco Mundial revela que desde 2009 y hasta 2020, del importe presupuestado por los gobiernos desarrollados destinado a proyectos relacionados con el agua, un 28% del total no fue ejecutado.
La consecuencia directa de esa necesidad de renovar las infraestructuras en los países desarrollados es que van a competir por el capital disponible en el mercado (recurso limitado) para la financiación de proyectos similares, pero con la ventaja de un entorno económico y regulatorio que proporciona una mayor seguridad al inversor. Es por ello por lo que todos aquellos inversores que no solo buscan un retorno económico a su capital, sino que apuestan por ayudar a generar una oportunidad de futuro para las personas que viven en regiones especialmente más desfavorecidas, deberían participar en estos proyectos.
Los proyectos de inversión en infraestructuras relacionados con el agua y los saneamientos generan de media cuatro€ de retorno por cada € invertido, sin tener en cuenta los beneficios medioambientales y sociales que producen. Se mejora notablemente la salud de la población (los niños que no tienen acceso a agua corriente sufren un 37% más de infecciones diarreicas), se incrementa la productividad, se crea una oportunidad educativa y de igualdad de género (muchas niñas no acuden a la escuela para realizar caminatas de horas al día para llevar agua hasta sus casas), mejora el empleo y la calidad de vida en la comunidad. Además, desde otro enfoque económico, también se reducirían muy notablemente las pérdidas anuales, que están estimadas entre 3 y 6 billones$ como consecuencia de los gastos sanitarios directos y de los ingresos que no son generados por la falta de agua de calidad.