Miguel Ángel Valero
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del 25 de marzo publica el Recurso interpuesto por l Comisión Europea contra España al al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 o, en todo caso, no haberlas comunicado.
La Comisión pide que se condene a España a pagar la mayor de estas cantidades:
En el caso de que el incumplimiento persista hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente procedimiento, reclama se condene al Reino de España a pagar a la Comisión una multa coercitiva diaria de 43.920€ desde la fecha de la sentencia en el presente procedimiento hasta que el Reino de España cumpla con su obligación de notificar las medidas de transposición de la Directiva,
La Directiva debía estar transpuesta antes del 2 de agosto de 2022
La Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, establece requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando a los trabajadores que sean progenitores o cuidadores la conciliación de la vida familiar y profesional. Los Estados miembros deberán transponer esas normas a su Derecho interno a más tardar el 2 de agosto de 2022 e informar de ello inmediatamente a la Comisión.
El Reino de España no ha cumplido esta obligación; por consiguiente, la Comisión envió el 21 de septiembre de 2022 un escrito de requerimiento. El Reino de España dio respuesta a este escrito de requerimiento el 18 de noviembre de 2022. El 19 de abril de 2023, la Comisión notificó al Reino de España un dictamen motivado, al que respondió el Reino de España el 6 de junio de 2023 mediante carta en la que reconocía no haber transpuesto la Directiva (UE) 2019/1158 dentro de plazo e indicaba que la transposición de la Directiva estaba incluida en el proyecto de Ley de Familias adoptado por el Consejo de Ministros el 28 de marzo de 2023, cuya tramitación había decaído con la disolución de las Cortes Generales.