Las constantes subidas de impuestos favorecen el fraude fiscal

Miguel Ángel Valero

Los expertos convocados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) avisan sobre la incidencia de la litigiosidad tributaria y de la inestabilidad normativa en el fraude fiscal; las implicaciones de la duración de los procedimientos de inspección en la seguridad jurídica; la poca efectividad de la publicación de las listas de morosos; y la conveniencia de tener también en cuenta los datos de cotizaciones sociales y gravámenes a la hora de evaluar el fraude fiscal.

Y proponen 22 medidas para reducir el fraude fiscal en España:

Legislar con más claridad, evitando la existencia de normas de "baja calidad formal y democrática". No abusar del Real Decreto-ley y evitar la introducción de impuestos a través de Proposiciones de Ley (y no, de Proyectos) o mediante enmiendas.
Dar una mayor estabilidad al sistema tributario de manera que se eviten los continuos cambios en el mismo, que provocan incertidumbre y retraen o retrasan la inversión tanto nacional como internacional en España. Los criterios administrativos también deberían ser más claros y tener vocación de permanencia, para evitar incertidumbres y discrepancias de interpretación
.Las modificaciones que se tengan que realizar en la normativa tributaria han de respetar el principio de seguridad jurídica y evitar perjudicar las expectativas legítimas de los contribuyentes, especialmente cuando el cambio normativo afecta a situaciones que se remontan a muchos ejercicios anteriores a su entrada en vigor, sin establecer un régimen transitorio adecuado y avocando a los sujetos pasivos a afrontar una carga fiscal no prevista en su día y que no podrán recuperar.
Simplificar el sistema fiscal, así como los trámites administrativos.
Favorecer la rápida resolución de los problemas interpretativos.
Hacer todo lo posible para que el cumplimiento voluntario fuera más fácil. En este sentido, debería incrementarse la relación cooperativa entre administración y administrado, y que las normas tributarias tuvieran una 'vacatio legis' suficiente para facilitar dicho cumplimiento voluntario.
El pago voluntario de los impuestos exige la creación de una conciencia de que son justos. Dado que en estos momentos el esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles podría valorarse como elevado, convendría una reducción de la presión fiscal para mejorar esta percepción. Por otra parte, las constantes subidas de impuestos incentivan la economía sumergida y reducen la creación de empleo e inversión.
Incentivos para evitar los litigios: regulación del arrepentimiento espontáneo al inicio de los procedimientos de comprobación, mecanismos eficaces de extensión de efectos de sentencias o criterios administrativos favorables al contribuyente, limitación de la competencia comprobadora de la Administración Tributaria, resolución anticipada de las reclamaciones mediante acuerdos.
Poner en marcha mecanismos de mediación o arbitraje similares a los existentes en otros países de nuestro entorno y nivel económico.
Para reforzar la seguridad jurídica debería establecerse el carácter vinculante de las consultas tributarias incluso respecto de los Tribunales Económico-Administrativos y los Tribunales de Justicia; el silencio positivo en la tramitación de las consultas; una ventanilla previa a la declaración para el planteamiento de la tributación de operaciones que impida la imposición de sanciones e, incluso, el cuestionamiento de su tributación si transcurre un plazo razonable sin contestación administrativa.
Establecer un plazo de prescripción para el derecho de la Administración Tributaria a comprobar. El plazo de prescripción general tendría que acortarse a dos años.
Reforzar los foros cooperativos con asesores, cuyo papel sigue siendo imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema tributario. Y el papel del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Profundizar en la concienciación ciudadana y la asistencia a los contribuyentes.
Reforzar los medios personales y organizativos de la Administración Tributaria.
Intensificar el eficaz tratamiento de la información de que disponen las administraciones tributarias, e incorporar el uso de la inteligencia artificial en todas las administraciones públicas, lo que ayudaría a hacer una mejor selección de los contribuyentes y situaciones con mayor probabilidad de incumplimiento significativo de sus obligaciones fiscales
Cambiar el planteamiento frente a los incumplimientos tributarios, sean o no constitutivos de fraude, pasando de un enfoque sustancialmente represivo y subsanador a otro preventivo y/o de tratamiento temprano. Con este fin, se proponen, entre otras medidas,
- incrementar los servicios de asistencia y apoyo a las empresas de reciente creación;
- monitorizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante sus primeros meses de actividad;
- instaurar y aplicar de forma efectiva sistemas de intercambio de información, no sólo con otros países y jurisdicciones, sino, sobre todo, entre las diferentes administraciones tributarias y fiscales nacionales;
- incrementar la cooperación administrativa efectiva entre las diferentes administraciones nacionales;
- y elaborar, con la participación de los colaboradores sociales, criterios y pautas sobre casos y situaciones de interés general.
Estudiar y realizar alguna experiencia piloto sobre la aplicación de la figura del derecho al error (una especie de `carnet por puntos´).
A la hora de evaluar el fraude fiscal, deberían tenerse también en cuenta los datos relativos a las cotizaciones sociales y los gravámenes, ya que las cotizaciones sociales suponen técnicamente, y cada vez más, un auténtico impuesto sobre el trabajo. Igualmente, los gravámenes son también tributos, por lo que habrían de tenerse en cuenta.
Para evitar la economía sumergida, habría que poner encima de la mesa la necesidad de facilitar el cumplimiento tributario de las actividades ilícitas.
En cuanto a la economía sumergida, uno de los elementos que, en la práctica, se perciben como más relevantes para la adopción de la decisión de sumergir un negocio es el elevado coste de los trabajadores. Siendo eso así, habría que analizar la posibilidad de disminuir la brecha fiscal sobre el factor trabajo.
Es necesario reducir los costes y las cargas que genera un sistema fiscal que van mucho más allá de la recaudación obtenida. Se producen costes de cumplimiento del sistema, gasto de recursos para poder conocer toda la compleja normativa tributaria y poder atender al pago de los impuestos. Estas dificultades y costes ocultos son un incentivo a la economía sumergida.

El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, propone incorporar el uso de la inteligencia artificial (IA) en todas las administraciones públicas para "hacer una mejor selección de los contribuyentes y situaciones con mayor probabilidad de incumplimiento significativo de sus obligaciones fiscales”.

El presidente del REAF, Agustín Fernández, sugiere, para reducir la litigiosidad tributaria, “poner en marcha mecanismos de mediación o arbitraje".

Manuel de Vicente-Tutor, inspector de Hacienda del Estado en excedencia y socio director y responsable del Área Jurídico-Fiscal y Regulatoria de Equipo Económico, añade que reducir la litigiosidad es "mejorar el cumplimiento voluntario, lo que redunda, al menos indirectamente, en una reducción del fenómeno del fraude, entendido como un incumplimiento voluntario de la normativa tributaria”.

Bernardo Soto, jefe del Área Fiscal de CEOE, estima que “combatir y erradicar los supuestos de fraude fiscal es fundamental para que el sistema tributario sea más justo, distribuya la presión fiscal de manera más equitativa, contribuya al crecimiento económico y la creación de empleo, y reduzca el déficit presupuestario sin incrementar la presión fiscal".

Según los datos de la Administración reflejados en la memoria del Tribunal Económico-Administrativo Central, la propia Administración revisa a favor del contribuyente, total o parcialmente, un 45% de sus resoluciones. A esto hay que añadir las que luego revisan los Tribunales de Justicia, ya que la elevada litigiosidad se prolonga a la vía jurisdiccional. "Estas cifras sólo admiten una interpretación, la aplicación de los tributos por parte de la Administración no se ajusta a Derecho en un número demasiado elevado de ocasiones”, argumenta.

Ineficacia de las listas de morosos

Para Manuel de Vicente-Tutor, “hay un problema con los listados y es que pretenden estigmatizar. Como lo que pretenden es afectar a la reputación, es necesario que los criterios utilizados sean generalmente aceptados como ilustrativos de fraude. El fraude más cualificado debería ser el delito fiscal, por lo que en principio debería circunscribirse a los condenados de modo firme. Me opongo a cualquier otro listado porque actualmente en las liquidaciones no se diferencia entre fraude (doloso, mala fe) y divergencia interpretativa con la Administración (elusión). La experiencia de la lista de deudores es muy ilustrativa. En ella aparecen deudas no firmes. Se perjudica a contribuyentes que no pueden suspender, aunque hayan recurrido y no estén de acuerdo con la liquidación. ¿Quién les devuelve el buen nombre si finalmente se anulan las liquidaciones?".

“El carnet por puntos supone que te retiran una autorización administrativa si se van acumulando incumplimientos. Hoy en día ya existe una circunstancia agravante de la sanción si concurre reiteración, y unas sanciones accesorias en términos de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y beneficios fiscales, así como de prohibición de contratar con la Administración pública, que creo que son suficientes”, añade.

Bernardo Soto añade que “el recurso a las listas de defraudadores no parece excesivamente efectivo, además de ser potencialmente injusto para aquellos casos en que la deuda tributaria surge de una discrepancia fundada con la Administración. Más allá de su impacto mediático inicial, que no se ha mantenido en el tiempo, no parece que contribuya con eficacia a la reducción del fraude fiscal. En este sentido, el sindicato de técnicos de Hacienda ha afirmado recientemente que la lista de morosos es básicamente 'una lista de desahuciados económicos de los que buena parte nunca pagarán sus deudas' y que únicamente el 3,3% de la deuda de la lista morosos se ha conseguido recuperar, y critican a Hacienda porque el 'mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí sola aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro' además de 'confundir a la sociedad porque no todos los deudores son defraudadores' y de denunciar las 'graves deficiencias' que presenta el listado”.

Soto considera que “sería más efectivo favorecer al cumplidor mediante la consideración de `buen contribuyente´, sea a través de un carnet por puntos o un instrumento similar, que publicar los datos del incumplidor”.

Según Manuel de Vicente-Tutor, “la reducción de la economía sumergida supone una reducción del fraude fiscal". Manuel de Vicente-Tutor considera que “para evitar el fraude fiscal hay que tener una Administración Tributaria que lo detecte y lo corrija con la mayor celeridad". “Es preciso un reforzamiento de los medios personales y organizativos de la Administración Tributaria. Se necesita una Administración Tributaria con más medios personales, con una informática más avanzada y con un cambio cultural relevante: hay que facilitar el cumplimiento al que quiere cumplir e impedir que incumplan los insolidarios. En este sentido, la prevención del fraude es esencial. Y una de las medidas para hacerlo es fomentar la educación tributaria y la mejora de la conciencia fiscal del ciudadano. Los impuestos no son un fin en sí mismo sino un medio para sufragar el gasto público. Y la percepción de que el fraude fiscal es insolidario, nos perjudica a todos y constituye un elemento distorsionador de la competencia empresarial, ha de asumirse socialmente, con carácter general. Precisamente, el pago voluntario de los impuestos exige la creación de una conciencia de que son justos. Y nos encontramos en un momento en el que el esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles puede valorarse como elevado. Para ello, una medida adecuada de mejorar esta percepción sería la reducción de la presión fiscal”, subraya.

Manuel de Vicente-Tutor propone "facilitar el cumplimiento tributario de las actividades ilícitas". . "Jurisprudencialmente ha quedado claro que se comete delito fiscal si no se declaran las rentas procedentes de actividades ilícitas. Si eso es así, la Administración Tributaria debe facilitar la presentación de autoliquidaciones tributarias en las que se contenga los rendimientos derivados de las mismas y el adecuado cumplimiento tributario de las personas implicadas. Hay que evitar la doble moral que nos indica que el mejor modo de reprimir las actividades ilícitas es que estén sumergidas, cuando a los que las ejercen se les acaba condenando por delito fiscal. Es al revés: si se les facilita el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, el Estado puede tener elementos que permitan el descubrimiento de otros posibles ilícitos. Nos referimos a la prostitución, al juego, al tráfico de estupefacientes. Actividades que deben tributar y no estar sumergidas fiscalmente por su carácter ilícito", argumenta.

En cuanto a la economía sumergida por motivos fiscales, uno de los elementos que, en la práctica, se perciben como más relevantes para la adopción de la decisión de sumergir un negocio es el elevado coste de los trabajadores. Siendo eso así, "no es de recibo que el factor trabajo tenga una carga en término de cotizaciones sociales y retenciones a cuenta del IRPF como la que actualmente soporta. Nuestro ordenamiento desincentiva la contratación de trabajadores y, con ello, que existan empresas sumergidas. Y esto no es conveniente”.

Para Bernardo Soto, “es necesaria una drástica simplificación del propio cuadro tributario, con un número de normas que se sitúa por encima de las 200.000, pues su actual abundancia de normas y complejidad es causa, entre otros graves problemas, de los actuales niveles de fraude fiscal, inseguridad jurídica y litigiosidad”.

“Las constantes subidas de impuestos incentivan la economía sumergida y reducen la creación de empleo e inversión. Intentar cerrar la brecha de recaudación con Europa mediante subidas selectivas de impuestos, no solucionaría el problema de la sostenibilidad fiscal a medio plazo, en cuanto que dicha subida en la presión fiscal recaudatoria podría implicar una contracción de la actividad y una destrucción de empleo", insiste.

“El control de la prohibición del software de doble uso en la facturación y la generalización de soluciones digitales para una facturación segura, junto con el Suministro Inmediato de Información y la facturación electrónica, son factores clave para reducir el fraude fiscal”, apunta.

Además, “la administración tributaria también debe evaluarse, revisando la evolución de sus indicadores estratégicos y sus objetivos anuales. Los indicadores y objetivos no solo han de ser cuantitativos y centrados en los resultados a posteriori obtenidos en las actuaciones de control y lucha contra el fraude. En este sentido es necesario avanzar hacia una relación cooperativa con el administrado, proceso que se ha iniciado por parte de la Administración en los últimos años, pero en el que es necesario perseverar”.

El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, opina que “las reformas fiscales que refuerzan los principios de la competitividad fiscal e intentan recoger las mejores prácticas de nuestro entorno, evitando recargar en exceso las figuras más distorsionantes, favorecen el cumplimiento tributario y la localización de contribuyentes, con el consiguiente desincentivo al fraude tributario".

“La configuración de un clima más favorable a la empresa, que facilite el cumplimiento de las cargas administrativas y requisitos regulatorios, es una política prioritaria para reducir el fraude fiscal y favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales”, señala.

"La mejora de la eficiencia del gasto público ayuda a deslegitimar el fraude fiscal. De hecho, existe evidencia empírica internacional de que los países con menor eficiencia en su gasto público tienden a padecer mayores niveles de economía sumergida”, resalta.

"En el largo plazo, la reducción de nuestro elevado nivel de desempleo, la mejora de nuestra renta per cápita y el control de la inflación son mejoras estructurales claves para reducir la economía sumergida y el fraude fiscal”, concluye.

Los economistas avisan que las constantes subidas de impuestos favorecen el fraude fiscal