Miguel Ángel Valero
Frente a unos cálculos técnicos de las compañías de seguros que todavía están en Muface que estiman necesario un incremento mínimo de la prima del 36% (otros suben el porcentaje al 40%) para cubrir los costes, el Consejo de Ministros ha aprobado la licitación del concierto de la Mutua de Funcionarios para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,12%.
Es cierto que, como presume el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, la propuesta definitiva es superior en algo más de tres puntos a la inicial, que era del 14%. Pero está muy lejos de lo que había sugerido la propia Muface (24%) en el verano, y también de las demandas de las aseguradoras. Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, reclamaba una subida en las primas del 24% para 2025, para luego renegociar las condiciones de 2026.
El Gobierno se enroca en una propuesta de incremento del 16,5% en 2025 y del 0,62% adicional en 2026. Esto se traduce en 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Esto supone un incremento bianual de casi 304 millones en comparación con el concierto que vence este año. Y argumenta que en los últimos 25 años, el aumento anual de la prima ha sido de media de un 4,4%.
Tras esta subida, la prima media por mutualista pasará de 1.032,12€ este año a 1.208,81 en 206. Una subida por asegurado de 176,69€ en dos años.
El cálculo de la prima tiene en cuenta dos conceptos. Por un lado, cubre los nuevos servicios sanitarios incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud (relativos a salud bucodental, incremento del gasto en farmacia hospitalaria, medicamentos innovadores y terapias avanzadas, nuevas vacunas en el calendario, y el aumento del coste en cronicidad) y el incremento de la cuantía de los honorarios médicos.
Según explica el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, por vez primera se incluye en el cálculo del concierto de Muface el déficit de tarifa, la diferencia entre las primas abonadas y el coste sanitario asumido por las compañías de seguros. Este cálculo, según el Gobierno, determina un incremento de prima que permita compensar las pérdidas y atender los nuevos gastos del sistema sanitario. Un argumento rechazado por las aseguradoras.
Adeslas no quiere agravar las pérdidas
Adeslas, que es la aseguradora más elegida entre los funcionarios que optan por la asistencia sanitaria privada a través de Muface, está analizando "con todo el detalle" la nueva licitación del concierto aprobada por el Gobierno.
Precisa que su objetivo no es ganar dinero con Muface, pero tampoco que se agraven las pérdidas generadas por la insuficiencia de primas en el concierto, y reclama un sistema lo más equilibrado posible.
Unespa reclama "cuidar" las prestaciones sanitarias a los funcionarios
Poco, o en realidad, ningún caso ha hecho el Consejo de Ministros a la petición, formulada poco antes de su celebración, por la asociación empresarial del seguro Unespa. Su presidenta, Mirentxu del Valle, aprovechaba su intervención en el XV Encuentro Financiero organizado por KPMG y el diario Expansión, para subrayar que es preciso "cuidar y adaptar" el sistema de prestaciones sanitarias de los funcionarios, que se prestan a través de Muface, a un entorno cambiante al que afectan variables como el cambio climático.
El actual sistema, a través de Muface, permite a los funcionarios "elegir cómo quieren la prestación, si en el sector público o en el privado", resalta la presidenta de Unespa, que recuerda que un 72% de estos trabajadores públicos se acoge a las prestaciones de la sanidad privada, que ofrecen las compañías de seguros. Esto quita presión al sistema sanitario público, pero "estos sistemas hay que cuidarlos, y hay que adaptarlos a la realidad climática y al contexto general". "Afrontamos una serie de retos sociales que es imposible cubrir sólo desde el lado público", y para eso se necesita la colaboración privada.
CSIF no descarta movilizaciones
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) cree "insuficiente" la subida para el concierto de Muface anunciada por el Gobierno y no descarta movilizaciones porque "nos tememos que esa subida, que sigue sin compensar los costes provocados por la pandemia y por el impacto de la inflación en los precios sanitarios, tendrá consecuencias en la calidad en la asistencia sanitaria que reciben los mutualistas".
"No se afrontan los problemas estructurales de infrafinanciación del sistema", insiste en un comunicado el sindicato, que avisa que no vamos a dejar que el modelo de Muface muera por inanición".
EAE: el modelo sigue siendo discriminatorio
Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School, avisa del impacto del fin del modelo de cobertura sanitaria de Muface, que afectará a casi 1,5 millones de funcionarios y sus familiares: "La renovación del acuerdo de Muface con las aseguradoras privadas parece estar pendiente de un hilo por el pretendido aumento de éstas de las tarifas por funcionario asegurado ya que, según ellas, están perdiendo dinero y exigen un aumento del 40%. Para la patronal de la sanidad privada y lógicamente para las aseguradoras, el Estado aparentemente se ahorra 900 millones al año con ellas y si desaparecen, el impacto en las cuentas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sería mucho mayor".
"No parece justo ni igualitario que haya un colectivo privilegiado por parte del mayor empleador del país, con acceso a servicios y condiciones de sanidad privada mientras que el resto de los españoles tenemos que conformarnos con la pública y si no nos parece adecuada, quienes puedan pagar, además un seguro de salud privado. Un Gobierno que se enorgullece de lo público allá por donde va, resulta que, para una buena parte de sus empleados, utiliza el sistema privado, algo incoherente con lo que habitualmente defienden en sus programas políticos", señala.
"Es evidente que el sistema de Muface es mejor para los asegurados porque es el elegido por más del 80% de los funcionarios que tienen derecho a ello, no es casualidad. Por otra parte, si el sistema de Muface ahorra dinero al Estado, podría ser un buen momento para fomentar que el resto de ciudadanos pudiésemos elegir entre sanidad y prestaciones del INSS o de unas aseguradoras privadas. En cualquier caso, sigue siendo un modelo discriminatorio. Seguramente llegarán a un acuerdo porque ni el Estado quiere enfrentamientos con sus funcionarios y los sindicatos ni las aseguradoras de Muface quieren perder un pastel tan goloso que cobra primas por 1,5 millones de personas", añade.
En juego 21 hospitales y 13.062 empleos
Una hipotética desaparición de Muface supondría, según la Fundación IDIS, la desaparición de 21 hospitales privados, la destrucción de más de 13.062 empleos, y que el Estado dejara de recaudar 82 millones€. Pero el impacto es mucho mayor, ya que 1,68 millones de funcionarios públicos (y sus familias) dejarían la sanidad privada para pasar a la pública.
Esto incrementaría un 2% las visitas en Atención Primaria, con más de 5 millones de interacciones. También aumentaría la ratio de urgencias. Se produciría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y un 115% en cirugías.
La Fundación IDIS avisa que se provocaría una situación de colapso a algunas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja.
El modelo de cobertura 100% pública para los funcionarios públicos tendría un impacto significativo también en la ocupación de camas. El sistema público tendría que añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8% de su capacidad actual. El cambio del modelo actual supondría un aumento del gasto sanitario público de 1.214 millones€ anuales, un 1,3%.
Para la patronal de hospitales ASPE, "esta oferta remunerativa busca de forma deliberada que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector sanitario privado".