El Consejo de Administración de Mapfre ha aceptado la renuncia de Antonio Miguel-Romero de Olano a sus cargos de vocal de éste, de la Comisión Delegada, y de los Comités de Auditoría y Cumplimiento, Nombramientos y Retribuciones, y Riesgos y Sostenibilidad con efectos del 3 de julio de 2024, fecha límite de permanencia suya.
Y ha designado a José Luis Perelli Alonso como vocal del Consejo de Administración en calidad de consejero independiente por el procedimiento de cooptación con efectos del día 4 de julio de 2024, para cubrir la vacante. También será vocal del Comité de Auditoría y Cumplimiento.
José Luis Perelli fue hasta 2019 presidente para España de la firma de servicios profesionales EY, donde ha desempeñado la mayor parte de sus 25 años de carrera profesional. Actualmente ex presidente de la Fundación EY.
Más fondos ASG de la gestora de la aseguradora
Por otra parte, Mapfre AM ha ampliado el número de fondos con los que los clientes pueden lograr no solo una rentabilidad financiera, sino también una rentabilidad social y medioambiental, al recibir el visto bueno por parte del supervisor luxemburgués (CSSF) para clasificar tres fondos como Artículo 8 según el Reglamento de Divulgación (SFDR): Mapfre AM European Equities, el Iberian Equities, y el Good Governance, que, además de incorporar criterios sociales y medioambientales, incorpora en cartera a las compañías con mejor gobierno corporativo.
Son tres productos que ya se comercializaban, pero que ahora incorporan criterios ASG en sus decisiones de inversión. “Damos así un nuevo paso en nuestro compromiso de contar con cada vez más productos sostenibles. Estos fondos lo han hecho tradicionalmente bien, pero damos así un salto cualitativo al poner el foco en inversiones que contribuyan a mejorar la sociedad y el medio ambiente. Seguiremos trabajando para incorporar más fondos de este tipo”, explica Álvaro Anguita, consejero delegado de Mapfre.
La gestora está trabajando para lograr la calificación como artículo 8 (SFDR) para el Mapfre AM Global Bond Fund, que nació de la fusión de dos fondos a comienzos de 2021 (el Global Bind Funy el Capital Investment Spain International Fund, gestionado por Amundi en exclusiva para Mapfre desde 1993). Este fondo busca oportunidades de inversión en los distintos mercados internacionales de bonos, tanto soberanos como corporativos y tanto de países desarrollados como emergentes.
Estos fondos se suman al MAPFRE AM Capital Responsable, un fondo mixto que promueve características ambientales y sociales, y al MAPFRE AM Inclusion Responsable, que está clasificado como Artículo 8 y cuya estrategia se basa en incorporar compañías comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Además, dentro del catálogo de fondos alternativos, Mapfre lanzó a finales del año pasado el primer fondo de biometano puro en Europa, el Energías Renovables II, clasificado bajo SFDR como Artículo 9.
La incorporación de estos productos dentro de esas categorías conlleva una serie de obligaciones, como la preparación de un informe anual donde quedará reflejado cómo las inversiones han contribuido realmente a iniciativas sociales y ambientales o, en el último fondo cuál ha sido el impacto.
Mapfre desarrolla su compromiso con la sostenibilidad integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el negocio y también en sus decisiones de inversión. Además de desarrollar productos de inversión sostenible, la compañía evalúa la huella de carbono de las inversiones del grupo, proporciona formación ASG a los equipos de inversión y elabora una guía de inversión socialmente responsable para que sus equipos puedan implementarla.
Dentro de su Plan de Sostenibilidad 2024-2026, quiere calificar el 95% de la cartera de inversión a nivel global con criterios ASG en 2026, reducir un 20% las emisiones de la cartera de inversión durante este periodo y lograr que al menos el 50% de los nuevos productos lanzados o modificados por Mapfre AM cumplan con criterios de sostenibilidad.
En esta línea, destacan, además, otros objetivos públicos, como no invertir en compañías de carbón, gas y petróleo que no estén comprometidas con un plan de transición energética.