José María Alonso, vicepresidente de Mutualidad
La Junta de Gobierno de Mutualidad ha aprobado el nombramiento como vicepresidente de José María Alonso Puig, y de Victoria Ortega como secretaria general.
José María Alonso, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es un especialista en litigios civiles y mercantiles relacionados con contratos, disputas societarias, operaciones financieras y de seguros. Asume la vicepresidencia de Mutualidad tras la finalización del mandato de Juan Bassas Mariné.
Con casi cinco décadas de experiencia profesional tanto a nivel nacional como internacional, José María Alonso ha sido director de Asuntos Jurídicos en Gavial S.A., socio director de J&A Garrigues, socio y presidente de Baker & McKenzie y fue decano del Colegio de la Abogacía de Madrid entre 2018 y 2023. Actualmente es socio director de la firma Alonso Díez-Hochleitner Abogados, S.L.P., presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAM-CIAR) y vocal de la Junta de Gobierno de Mutualidad desde 2019.
Por su parte, Victoria Ortega asume la secretaría general de Mutualidad en sustitución de Antonio Albanés, quien ha ostentado el cargo desde 2014. Miembro de la Junta de Gobierno de Mutualidad desde 2007, abogada en ejercicio desde 1981 y doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, fue decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, desde 2002 ha desarrollado diferentes posiciones en el Consejo General de la Abogacía y entre 2016 y julio 2024 ha ejercido como presidenta de la institución. Fue presidenta de Unión Profesional y es actualmente vicepresidenta primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales, vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales y consejera nata del Consejo de Estado.
Reunión entre la Abogacía y el mutualismo
Precisamente, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, y la secretaria general, Encarna Orduna, han mantenido un extenso encuentro con expertos que han estudiado a fondo el sistema mutualista y su problemática. Además, han asistido representantes de las asociaciones, plataformas y colectivos de mutualistas alternativos y miembros de distintas instituciones de la abogacía que han promovido estos informes.
En el transcurso de la reunión se ha compartido conocimiento sobre los aspectos jurídicos de la situación en que se encuentran miles de profesionales que recibirán pensiones precarias. Los académicos y profesionales han dado a conocer las principales conclusiones de sus investigaciones y han expuesto los puntos en común entre los trabajos realizados desde diferentes colectivos e instituciones del país.
Como resultado de las numerosas intervenciones se han alcanzado algunos consensos en los planteamientos de la situación. Entre ellos destaca con claridad la idea de que las pensiones dignas para todos los abogados no es una reivindicación gremial, sino un derecho constitucional. “El derecho a percibir una pensión digna está contemplado en el artículo 50 de la Constitución, y la responsabilidad del Estado en la materialización de este derecho deriva del artículo 41”, ha expuesto Salvador González en una de sus intervenciones.
También se ha reiterado con insistencia la idea de que el núcleo de la reivindicación de la abogacía debe ser exigir “las mismas pensiones mínimas y en los mismos términos que los trabajadores autónomos”.
Y ha existido amplia coincidencia en que la toma de decisiones le corresponde ahora a las Administraciones Públicas, por lo que es preciso urgir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el establecimiento de un diálogo continuado hasta alcanzar una solución satisfactoria dentro del marco constitucional.
Al encuentro han asistido como representantes de la asociación ALTODO sus vocales Antonio Abellán y Mª Nieves Izquierdo. De parte de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA), su presidenta, Nuria Cachafeiro; sus miembros de Junta Raquel Rico y Juan de Dios del Pino, así como Rocío Carrera, delegada en Málaga, y Montserrat Domeneque, delegada en Madrid. La Plataforma Pasarela al Reta ha estado representada por María José Almodóvar (Venia y Marea Negra); Pedro Feced, Jaume García y Antonia Moyano, responsable en lo relacionado con AlterMutua, entre muchos otros.